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Policía refuerza control de multitudes

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Llevaba la mascarilla colgada en una sola oreja. “Ven, pues”, gritó el vendedor ambulante y enseguida varios insultos salieron de su boca. El hombre se resistía con violencia al decomiso de su mercadería y a ser desalojado del barrio La Mariscal, en el centro-norte de Quito. Alrededor de él, unos 20 vendedores de cigarrillos y caramelos intentaban golpear a los policías y agentes metropolitanos.

El hecho fue grabado en video. Allí se ve cómo un policía les pide a los vendedores tranquilidad y “evitar los problemas”. Esto ocurrió el pasado miércoles 14 de octubre de 2020. Apenas un día después de que un agente metropolitano falleciera en Quito, como producto de un enfrentamiento con un ­vendedor informal.

Pese a los controles, las multitudes no se reducen. Desde el 16 de marzo hasta el 15 de octubre se reportaron 65 837 alertas por aglomeraciones en el país, según el ECU-911. La situación de la capital es la más grave. De hecho Juan Zapata, director del ECU-911, dice que la ciudad tiene una tasa de aumento del 40%.

Por eso, en la Policía se preparan operativos diarios de control, en conjunto con la Intendencia y con las agencias municipales de cada cantón.

Estas acciones se ejecutan con base en dos documentos: un “informe de apreciación de inteligencia” y el Manual de Derechos Humanos.

Pablo Miguel Rodríguez, jefe de Operaciones de la Policía, dice que el trabajo de los uniformados es mantener el orden en las calles y respetar los derechos de la población.

De allí que en los informes se establece el nivel de riesgo de cada uno de los operativos.

“Hay un nivel bajo cuando se trata de controlar una aglomeración pequeña. Pasamos a niveles medio o alto cuando entre la multitud hay personas con objetos que pueden ser usados como armas”.

En Quito, los barrios considerados ‘rojos’ por sus altos índices de aglomeraciones son San Roque, El Tejar, Calderón, Cotocollao, Iñaquito, Comité del Pueblo, entre otros.

La Policía ha determinado que allí trabajan al menos 500 comerciantes informales. Para regular esos espacios, las intervenciones se hacen con al menos 50 policías y agentes metropolitanos. Los militares participaron incluso durante el estado de excepción.

En Guayaquil, el panorama no es distinto. Por ejemplo, el jueves este Diario realizó un recorrido por la Bahía. Decenas de comerciantes sin mascarillas recorrían los angostos pasillos repletos de personas. No había control ni tampoco distanciamiento. A pesar de que el Cabildo asegura que realiza controles, los ciudadanos dicen que la venta informal se propaga por las principales avenidas. La Policía tiene informes de que los distritos Sur, Estero, Portete y Prosperina son sitios en donde hay problemas con multitudes.

En ambas ciudades, los operativos pueden ser realizados por los cuerpos de control municipal en solitario. Eso ocurrió el 13 de octubre, cuando falleció el agente de Quito al recibir dos puñaladas cerca del pecho.

Sin embargo, cuando las incursiones son combinadas, el trabajo de los policías es dar seguridad a los agentes civiles, que se encargan de decomisar la mercadería.

Según el Manual de DD.HH. de la Policía, los uniformados pueden únicamente intervenir cuando se altera el orden y hay riñas o peleas. “Nuestros uniformados siguen los pasos: verbalizar, control físico y uso de arma no letal para reducir la amenaza”, dice Rodríguez.

Entre el 16 de marzo y el 15 de octubre, la Policía ejecutó en el país 18 478 operaciones en el espacio público, por ventas ambulantes. “No podemos llegar a un lugar y agarrar a los vendedores o retirarles sus productos. No es nuestra competencia”, agrega el oficial.

Daniela Valarezo, intendenta de la Policía de Pichincha, asegura que en el 80% de los controles reciben agresiones.

La funcionaria recuerda que la semana pasada, un ciudadano se alteró y rompió una botella de cerveza en la cabeza de un comisario. En otros operativos, los vendedores les han lanzado palos, piedras y han roto las ventanas de los autos.

Según la Policía, 849 uniformados han sido agredidos en los controles. Por eso, en la vigilancia también se utilizan instrumentos tecnológicos. En el país operan 6 319 cámaras de video y megáfonos. Por esos equipos se advierte que “la pandemia no ha terminado” y que deben mantener distancia.

En contexto

Los municipios de Quito y de Guayaquil cuentan con ordenanzas municipales que prohíben las ventas en las calles. Esta actividad no constituye un delito. La Policía actúa en operativos para controlar el orden público, para que no existan riñas o escándalos.

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